Copyrights. Eva Unanua Murias Abogada, 2026. Todos los derechos reservados.
Cuando una de las partes no cumple las obligaciones asumidas en un contrato, la otra puede tener derecho a exigir el cumplimiento de lo pactado, solicitar la resolución del contrato y, cuando proceda, reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
Sin embargo, la indemnización no nace automáticamente por el mero hecho de existir un incumplimiento. Será necesario analizar el contenido del contrato, las circunstancias del caso, la conducta de las partes y los perjuicios efectivamente ocasionados.
El incumplimiento contractual puede producirse de distintas formas. Por ejemplo, cuando una de las partes:
Con carácter general, el artículo 1101 del Código Civil establece la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por quienes incumplen sus obligaciones por dolo, negligencia o mora.
No obstante, la posibilidad de reclamar una indemnización dependerá de las circunstancias concretas del caso y de que concurran los requisitos exigidos por la legislación y la jurisprudencia. No todo incumplimiento genera automáticamente el derecho a ser indemnizado.
Cuando se produce un incumplimiento, la parte perjudicada puede disponer de distintas alternativas.
En algunos casos resultará conveniente exigir que la otra parte cumpla aquello a lo que se obligó, especialmente cuando la prestación todavía es posible y mantiene utilidad. En otros supuestos, cuando el incumplimiento frustra la finalidad del contrato, podrá resultar procedente solicitar su resolución conforme al artículo 1124 del Código Civil.
En ambos supuestos podrá solicitarse, cuando concurran los requisitos legales, la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.
La estrategia más adecuada dependerá de las circunstancias concretas de cada caso.
Para reclamar daños y perjuicios será necesario acreditar, entre otros extremos:
La carga de acreditar estos extremos corresponde, con carácter general, a quien formula la reclamación.
El daño emergente comprende las pérdidas económicas efectivamente sufridas como consecuencia del incumplimiento.
Pueden incluirse, por ejemplo:
Para acreditar estos conceptos resulta recomendable conservar facturas, presupuestos, justificantes de pago e informes técnicos.
El lucro cesante hace referencia al beneficio que razonablemente se habría obtenido si el contrato se hubiera cumplido correctamente.
Su acreditación suele resultar más compleja, ya que no basta con alegar una expectativa de beneficio. Será necesario aportar elementos objetivos que permitan justificar que esa ganancia era razonablemente previsible.
Dependiendo del caso, podrán resultar útiles documentos contables, contratos, presupuestos aceptados, informes periciales u otros medios de prueba.
Muchos contratos incluyen cláusulas que regulan las consecuencias del incumplimiento.
Entre ellas pueden encontrarse las denominadas cláusulas penales, mediante las cuales las partes fijan anticipadamente determinadas consecuencias económicas para el caso de incumplimiento.
Su aplicación dependerá del contenido del contrato y de las circunstancias concretas del caso.
Antes de iniciar una reclamación judicial resulta aconsejable:
Además, en determinados supuestos será necesario comprobar si la normativa procesal exige intentar previamente un medio adecuado de solución de controversias antes de presentar la demanda.
En este tipo de procedimientos no basta con demostrar que ha existido un incumplimiento.
También será necesario acreditar qué perjuicios concretos se han producido y cuál es su valoración económica.
En asuntos especialmente complejos puede resultar conveniente aportar informes periciales u otros medios de prueba que permitan justificar el importe de la indemnización solicitada.
Una adecuada preparación de la reclamación puede resultar determinante para el éxito del procedimiento.
El plazo para reclamar dependerá del tipo de contrato, de la acción ejercitada y de la normativa aplicable en cada caso.
Con carácter general, las acciones personales que no tengan señalado un plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.
No obstante, antes de adoptar cualquier decisión conviene analizar cada caso de forma individual, ya que pueden existir particularidades que afecten al cómputo del plazo.
Si deseas ampliar esta información, puedes consultar nuestro artículo sobre las consecuencias jurídicas del incumplimiento contractual, donde analizamos las distintas acciones que pueden ejercitarse cuando una de las partes incumple lo pactado.
Cada incumplimiento presenta circunstancias diferentes y requiere un análisis individualizado.
Antes de iniciar una reclamación conviene estudiar el contrato, valorar la documentación disponible y determinar tanto la viabilidad de la acción como la estrategia jurídica más adecuada.
Una actuación temprana y una correcta preparación de la reclamación pueden resultar determinantes para la defensa de tus derechos y para aumentar las posibilidades de éxito del procedimiento.
Si has sufrido un perjuicio como consecuencia del incumplimiento de un contrato, ponte en contacto conmigo. Estudiaré tu caso de forma personalizada y te asesoraré sobre la mejor forma de proteger tus derechos e intereses.
CONFIA EN MÍ para acompañarte y asesorarte en cada paso de tu proceso legal. Defendiendo tus derechos con un TRATO CERCANO y un SERVICIO PERSONALIZADO.