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El convenio regulador constituye uno de los documentos más importantes en un divorcio de mutuo acuerdo. En él se establecen las medidas que regularán las relaciones personales y económicas entre los excónyuges tras la ruptura y, cuando existan hijos, aquellas que afectarán a su cuidado, convivencia y sostenimiento.
El divorcio puede tramitarse de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.
En el divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges alcanzan un acuerdo sobre las consecuencias personales y patrimoniales de la ruptura y lo recogen en un convenio regulador. En cambio, cuando no existe acuerdo suficiente entre las partes, el divorcio deberá tramitarse por la vía contenciosa, siendo el Juzgado quien determine las medidas que regirán tras la disolución del matrimonio.
El convenio regulador constituye, por tanto, el documento fundamental del divorcio de mutuo acuerdo. En él se regulan cuestiones tan importantes como la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos, la atribución del uso de la vivienda familiar, la pensión compensatoria, la liquidación del régimen económico matrimonial y cualquier otra medida necesaria para ordenar las relaciones familiares y patrimoniales tras el divorcio.
El divorcio de mutuo acuerdo puede tramitarse judicialmente o, en determinados supuestos, ante Notario.
La vía notarial únicamente es posible cuando los cónyuges no tienen hijos menores no emancipados ni hijos mayores respecto de los cuales se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. En el caso de que si existan hijos menores no emancipados, el divorcio deberá tramitarse necesariamente ante el Juzgado, ya que las medidas que les afectan deben ser revisadas judicialmente y el Ministerio Fiscal interviene para velar por la protección de su interés superior.
La existencia de hijos mayores de edad no impide, por sí sola, acudir al divorcio notarial. No obstante, cuando dichos hijos convivan en el domicilio familiar y carezcan de ingresos propios, deberán prestar su consentimiento respecto de las medidas del convenio regulador que les afecten.
Por ello, antes de iniciar cualquier procedimiento resulta aconsejable analizar las circunstancias concretas de cada familia para determinar cuál es la vía adecuada y redactar un convenio regulador que responda realmente a sus necesidades.
El contenido del convenio regulador dependerá de las circunstancias de cada familia. Cuando existan hijos menores o mayores respecto de los que deban adoptarse medidas, el convenio deberá regular con especial detalle todas aquellas cuestiones que afecten a su cuidado, educación, convivencia y sostenimiento económico, siempre atendiendo a su interés superior.
Además, el convenio deberá recoger las medidas necesarias para regular las consecuencias personales y patrimoniales derivadas del divorcio, adaptándolas a las circunstancias concretas de cada caso.
No existe un convenio regulador válido para todas las familias. Cada situación requiere una redacción personalizada que tenga en cuenta las circunstancias concretas de los cónyuges y, especialmente, las necesidades de los hijos cuando los haya. Un convenio bien redactado no solo facilita la aprobación del divorcio, sino que también puede evitar numerosos conflictos en el futuro.
Con carácter general, el artículo 90 del Código Civil establece el contenido mínimo que debe recoger un convenio regulador en los procedimientos de mutuo acuerdo. No obstante, en función de las circunstancias de cada familia y de la normativa que resulte aplicable, pueden resultar necesarias otras previsiones o resultar de aplicación determinadas especialidades previstas en el Derecho Civil Vasco (Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco). Por ello, cada convenio debe redactarse de forma personalizada, atendiendo a las particularidades de cada caso.
Entre otras cuestiones, el convenio puede regular:
No obstante, no basta con incluir estas materias de forma genérica. Un convenio regulador debe redactarse con precisión para evitar futuras dudas interpretativas y reducir al máximo la posibilidad de nuevos conflictos entre las partes.
El convenio regulador no debe concebirse únicamente como el documento necesario para tramitar un divorcio de mutuo acuerdo. Su verdadera finalidad es establecer unas reglas claras que permitan organizar las relaciones familiares y económicas tras la ruptura y reducir, en la medida de lo posible, la aparición de futuros conflictos.
Es frecuente pensar que basta con utilizar un modelo estándar o limitarse a reproducir el contenido mínimo previsto por la ley. Sin embargo, cada familia presenta unas circunstancias diferentes y las medidas que resultan adecuadas para unas personas pueden ser insuficientes o incluso inadecuadas para otras.
Una redacción imprecisa o la falta de previsión sobre determinadas situaciones puede dar lugar a desacuerdos una vez aprobado el convenio y obligar a las partes a iniciar nuevos procedimientos judiciales para interpretar, modificar o exigir su cumplimiento.
Por ello, además de cumplir los requisitos legales, resulta recomendable que el convenio regule con la mayor precisión posible aquellas cuestiones que puedan generar conflictos en el futuro, adaptando su contenido a las necesidades concretas de cada familia.
Una de las dudas más frecuentes es si el convenio regulador debe cumplirse siempre en los mismos términos o si las partes pueden apartarse de lo acordado.
El convenio regulador aprobado judicialmente o formalizado en escritura pública, cuando la ley lo permite, tiene carácter vinculante y debe ser respetado por ambas partes. No obstante, ello no impide que, en el día a día, los excónyuges o progenitores puedan alcanzar acuerdos puntuales distintos para adaptarse a circunstancias concretas, siempre que exista mutuo acuerdo y, cuando existan hijos menores, dichos cambios respeten en todo momento su interés superior.
Ahora bien, cuando desaparece ese acuerdo o surge cualquier discrepancia, volverán a resultar de aplicación las medidas previstas en el convenio regulador, pudiendo cualquiera de las partes exigir su cumplimiento.
Si los cambios dejan de ser puntuales y las circunstancias familiares, personales o económicas han variado de forma relevante y estable, lo procedente no será dejar de aplicar el convenio, sino solicitar judicialmente su modificación conforme a los cauces legalmente previstos.
El convenio regulador puede modificarse cuando, después de su aprobación, se produce una alteración sustancial, relevante y no meramente puntual o transitoria de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al adoptarse las medidas.
Entre otros supuestos, puede resultar procedente solicitar una modificación cuando:
Cada solicitud de modificación debe analizarse de forma individualizada, ya que no cualquier cambio permite revisar las medidas previamente aprobadas. Será necesario valorar si concurren los requisitos exigidos por la legislación y la jurisprudencia para que la modificación pueda prosperar.
La posibilidad de modificar un convenio regulador dependerá siempre de las circunstancias concretas de cada caso. Antes de iniciar cualquier procedimiento resulta aconsejable realizar un estudio previo para valorar si concurren los requisitos legales y cuál es la estrategia más adecuada.
Una vez aprobado judicialmente o formalizado mediante escritura pública cuando la ley lo permite, el convenio regulador produce plenos efectos jurídicos y las medidas contenidas en él deben ser respetadas por ambas partes.
Si alguno de los cónyuges incumple las obligaciones asumidas en el convenio, la otra parte podrá ejercitar las acciones legalmente previstas para solicitar su cumplimiento, siempre atendiendo a la naturaleza de la medida incumplida. En muchos casos será posible instar la ejecución judicial del convenio regulador para exigir el cumplimiento de las medidas aprobadas y, en su caso, reclamar las cantidades adeudadas o solicitar la adopción de las medidas que correspondan.
Así, por ejemplo, pueden plantearse situaciones como:
No obstante, antes de iniciar cualquier actuación resulta imprescindible analizar el contenido concreto del convenio regulador, la naturaleza del incumplimiento y las circunstancias concurrentes, ya que la respuesta jurídica puede ser diferente en función de cada supuesto.
Una actuación temprana y un adecuado asesoramiento jurídico permiten, en muchos casos, resolver el conflicto de la forma más eficaz y evitar que el incumplimiento se prolongue en el tiempo.
Cada familia presenta unas circunstancias diferentes y, por ello, no existe un convenio regulador válido para todos los casos.
Una adecuada redacción desde el inicio puede evitar numerosos conflictos futuros y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los progenitores como a los hijos. Del mismo modo, cuando las circunstancias cambian o una de las partes incumple lo acordado, resulta fundamental analizar el caso para determinar cuál es la solución jurídica más adecuada.
Si necesitas redactar, revisar o modificar un convenio regulador, o tienes dudas sobre su contenido o cumplimiento, ponte en contacto conmigo. Estudiaré personalmente tu situación, te acompañaré durante todo el procedimiento y te asesoraré para encontrar la solución que mejor proteja tus derechos, los de tu familia y, cuando existan hijos, su interés superior.
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